El Gobierno obliga a volver a examinar las pensiones a la Airef cuando tenga otro presidente

El Gobierno confía que con las nuevas reglas de cálculo incluidas en su proyecto de decreto ley, y con un PIB que sigue aumentando, puedan convencer a Bruselas. Y lo harán cuando la Airef ya cuente con un nuevo responsable. Ante la salida de Herrero en marzo –su mandato es improrrogable–, el Ejecutivo debe proponer un sustituto, que debe ser validado por las Cortes. Su aterrizaje al organismo fiscalizador se producirá a pocas semanas de que tenga que publicar este informe.

Lo hará en un contexto de fricciones entre ambas instituciones. Y con el gobernador del Banco de España alejándose de los análisis de pensiones que hasta ahora realizaba y que se centraba en una Airef donde se considera cada vez más constreñida en sus cálculos para ajustarlos a los deseos del Ejecutivo ante Europa.

Los meses de trabajo que los técnicos de la Airef habían dedicado a analizar en profundidad la sostenibilidad del sistema, tal y como marcaba la ley impulsada por el exministro José Luis Escrivá, van a ser de nuevo revisados. Sin previo aviso. Porque esa norma fijaba la siguiente evaluación para dentro de tres años. Las felicitaciones del Gobierno en marzo, con el primer examen superado, se han transformado en lo que denominan ahora como «ejercicio de transparencia», sin que ninguna institución se lo haya pedido públicamente. Aunque la realidad es que en Bruselas no quedaron demasiado contentos con aquella evaluación. Y de la capital comunitaria depende que los fondos de recuperación sigan llegando si España sigue cumpliendo.

Solo un día después de presentar aquel examen en Madrid, los vicepresidentes de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis y Raffaele Fitto, se comprometían a revisar el informe de la Airef. Lo hacían en respuesta a una pregunta del eurodiputado del PP Fernando Navarrete. Ahora, el departamento dirigido por la ministra Elma Saiz alega la necesidad de adaptar ese informe a la realidad económica. Y lo hace con nuevas condiciones de cálculo, que ofrecerán un panorama más benigno, si no fallan sus estimaciones.

Dos son los grandes cambios que el Ejecutivo ha incluido en el proyecto de real decreto, que se encuentra en fase de consulta pública: el impacto de la reforma laboral de 2022, cuyos efectos no fueron incluidos en el primer examen, al tomar como referencia los datos de empleo (y por tanto, de afiliados) hasta ese año, sin contar con los de 2023 o 2024. Esta novedad es clave porque en los dos últimos años el sistema ha incorporado a más de un millón de cotizantes. Su incorporación permitiría cuadrar mejor las cuentas del sistema de cara al futuro.

La otra novedad estriba en el conflicto que generó Seguridad Social al incluir como ingresos del sistema las transferencias del Estado para asegurar el pago de las pensiones. Solo en 2024 fueron más de 50.000 millones. Con el proyecto actual, se fulmina cualquier referencia a los ingresos por considerarse una información «innecesaria y superflua», dando mucha más flexibilidad a la Airef en sus cálculos.