El Gobierno se revuelve contra el aviso de Bruselas en la opa de BBVA

El principal implicado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha ido al choque al negar cualquier problema en su actuación en la operación. «Espero que no haya ningún tipo de conflicto. Estamos siendo muy respetuoso con el marco legal, con el marco doméstico, y no debería haber ningún tipo de conflicto», ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser. El titular de Economía ha defendido que están siendo «escrupulosos y garantistas» con el procedimiento, rechazando así las amenazas vertidas desde Bruselas en público.

La realidad es que llamó la atención en el Ministerio de Economía el pronunciamiento de la Comisión Europea ya que no suelen pronunciarse sobre operaciones concretas pero en este caso optaron por sí hacerlo y, además, sus palabras llegaron al gran público muy poco después de que el propio Cuerpo decidiera elevar la opa al Consejo de Ministros para intervenir en la operación modificando las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un comunicado para elevar la presión contra la opa. «Esta operación, de enorme relevancia económica, debe someterse a condiciones estrictas por parte del Gobierno para garantizar el interés general y, de no cumplirse, impedir que se lleve a cabo», ha señalado. Sin embargo, llegar a impedir la opa es algo que técnicamente no es posible. Lo que puede hacer el Gobierno ahora es intervenir en la operación para modificar las condiciones fijadas por la CNMC; puede suavizar, mantener o endurecer esas condiciones. No puede prohibir directamente la operación pero lo que sí podría hacer es endurecer tanto las mismas que haga a BBVA desistir.

En este sentido, Díaz, también líder de Sumar, ha puesto sobre la mesa las condiciones que ella planteará en el Consejo de Ministros. «Esta operación solo puede autorizarse si cumple el mantenimiento íntegro del empleo, la conservación de todas las oficinas, la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria», ha comentado.

Otro miembro del Gobierno, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también se ha pronunciado sobre la opa y concretamente sobre esa amenaza de Bruselas. «Parece que la Comisión Europea ha olvidado las lecciones de la crisis financiera: que las grandes concentraciones bancarias generan grandísimos riesgos para la economía. Y parece que la Comisión lo ha olvidado», ha destacado.

El ministro Cuerpo, asimismo, ha dado algunas pistas más de por dónde irá su intervención. «Vamos a hacer una valoración muy aterrizada y en línea con la ley, siendo siempre proporcionales en las condiciones, si es que se imponen, para proteger los intereses generales», ha indicado, para añadir que tendrán en consideración «la cercanía de los bancos regionales con el tejido productivo».

El ministro ha defendido que hay que tener bancos grandes, pero también «medianos y pequeños que estén más aterrizados en el territorio. Tenemos que mirar por ese interés general». «Tenemos que aterrizar eso. Queremos proteger ese interés general. Y la presencia de estas entidades protege la actividad económica en esos municipios donde se mantienen y, por tanto, el desarrollo económico y el empleo», ha recalcado. La territorialidad, así, formará parte de los argumentos del Consejo de Ministros.