sin punto y pelota

De monjas a menores infractores

Si te opones a la idea de que estos menores, muchos de ellos frisando los 18, vivan en tu urbanización, te señalan como un insolidario de extrema derecha

Por inercia

14/05/2025
Actualizado a las 19:43h.

Estoy siendo testigo directo de un curioso experimento urbanístico y social: la transformación de una residencia de monjas jubiladas de La Asunción, en terrenos que eran una dote de una hermana –ay, si esos padres de la hermana Julia levantaran la cabeza–, a centro ... de internamiento de menores infractores (CIMI), gestionado por una entidad privada por 21 millones de euros por cuatro años, a pagar por los contribuyentes. En el pliego va una previsión de 1.400.000 euros en alquiler del edificio, que cobrará el que se lo tiene ya alquilado a las monjas. Queda así totalmente privatizado el sistema de centros de internamiento o cárceles de menores –me ponen un poco enferma los eufemismos– de la Junta de Andalucía. Ya no gestiona ni uno directamente. ¿Serán las cárceles lo siguiente?

Las obras van como un tiro. El Ayuntamiento de Málaga –que tarda dos años en las licencias normales en la urbanización– ha dado muy rápido los permisos y ve estupendo el cambio de uso: de residencia de monjas retiradas a albergar a menores con delitos que, de haber sido mayores de edad, les habrían supuesto penas de cárcel. Los ánimos de los vecinos andan caldeados, ya saben, «todos los políticos son iguales». Ahí coincide un médico jubilado con un exlegionario que lleva un bar en Churriana, al lado del campo de fútbol.

La Junta tiene un edificio magnífico en Torremolinos que ha sido durante décadas un CIMI, pero lo ha cerrado porque «no reunía las condiciones adecuadas». Parece ser que las condiciones es que, de entrada, no parezca un centro de ese tipo. Aquel tenía rejas en las ventanas, una valla considerable, estaba al borde de una carretera, sin casas colindantes, con amplios aparcamientos. Mal. Es mucho mejor que parezca un chalé de urbanización residencial y que las ventanas nuevas autorizadas por el ayuntamiento den a los jardines de dos familias.

Los políticos se pasan años diseñando planes urbanísticos, modificando leyes del suelo. Cada provincia necesita uno de estos centros. ¿Los dibujan? ¿Ponen en un suelo dotacional las siglas de CIMI? No. Para qué avisar a los vecinos colindantes. Qué más da que se nos llene la boca con la participación ciudadana. Mientras, el mayor centro de acogida de niños –estos sí–, con padres a los que han retirado la custodia por las diversas faenas que les hacen, está al lado del cementerio, de polígonos industriales, de autovías y del vertedero. Esos pobres niños dan más igual.

Los vecinos afectados estamos siendo un experimento de la justicia juvenil. Si te opones a la idea de que estos menores, muchos de ellos frisando los 18 y con un historial de robos con violencia, agresiones y abusos sexuales, vivan en tu tranquila urbanización, te señalan como un insolidario de extrema derecha, algo que horroriza a nuestro alcalde. Nos tienen que reeducar a nosotros. ¿Nos ingresarán en un centro para que tengamos un corazón «asín de grande», como dijo Juanma Moreno que teníamos los andaluces?