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El Gobierno tramitará una prórroga para Almaraz si las empresas lo piden formalmente

El PSOE de Extremadura asegura tener «el compromiso» del ejecutivo de Sánchez para ampliar la vida útil de la central, aunque desde Transición Ecológica matizan que no será automática

Gallardo debuta como diputado y aforado con ataques a Guardiola en la Asamblea de Extremadura

Central nuclear de Almaraz GUILLERMO NAVARRO
Adrián García Durán

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Es la noticia que podría cambiar, definitivamente, el futuro de la central nuclear de Almaraz. Por primera vez, se habla de «compromiso» del Gobierno para prolongar su vida útil hasta 2030. En estos términos se ha pronunciado el PSOE de Extremadura, asegurando que el ejecutivo de Sánchez tramitará la prórroga si las empresas propietarias lo solicitan formalmente, como parece que van a hacer.

No obstante, fuentes de Transición Ecológica matizan esta afirmación, y aseguran que se trata de que habrá una negociación, pero que no habrá será automático.

La portavoz de los socialistas a nivel regional, Isabel Gil Rosiña, afirma que así se lo ha trasladado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

De esta manera, los socialistas extremeños, que eran partidarios de mantener la central hasta que hubiese «alternativas», han sacado pecho poniendo el foco en la presidenta de la Junta, María Guardiola: «Ya tiene una cosa menos para echarle la culpa a Pedro Sánchez». Cree que «el tiempo da y quita razones», más allá del escenario «malintencionado y contaminado» del que ha venido hablando, dice, la presidenta extremeña.

Del mismo modo, Gil Rosiña ha recalcado que tres años, los de la prórroga -de 2027 a 2030-, es «poco tiempo» y Extremadura debe trabajar en una alternativa «para el mantenimiento de la economía y del empleo en el Campo Arañuelo», una comarca que vive principalmente de la central nuclear, que sostiene más de 3.000 empleos.

Eso sí, los socialistas mantienen su postura en cuanto a los impuestos: «No son los extremeños ni los españoles quienes tienen que pagar el tratamiento de los residuos nucleares, sino las propias empresas».

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