con permiso
Belén Gualda lee la cartilla a los presidentes de las participadas escondidos tras la SEPI
La presidenta de la SEPI no acepta que otros políticos enchufados en grandes empresas sigan parapetados en sus puestos mientras ella se come la escandalera diaria con la que parece tocar el final de ciclo del sanchismo. Redeia o Tragsa son solo dos ejemplos, pero en su 'book' estatal están RTVE, EFE, Correos, Indra o Telefónica
La SEPI emplaza a una cumbre a los presidentes de sus participadas para reconducir su reputación

La misión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es muy clara: «rentabilizar sus participaciones en empresas y orientar todas sus actuaciones atendiendo al interés público». Solo así se justifica la utilización del dinero del contribuyente para su funcionamiento. Episodios públicos y notorios recientes ... como el gran apagón, con la alargada sombra de Red Eléctrica y Beatriz Corredor detrás, o las contrataciones de las 'sobrinas» del exministro José Luis Ábalos –y no hace tanto mano derecha del presidente del Gobierno–, en Tragsa, no solo convierten dicha misión en imposible, sino que abren la puerta a futuras acciones judiciales contra los gestores de dichas compañías y, por extensión, contra la SEPI como soporte nodriza, por su responsabilidad directa en la tenencia y administración de las acciones de sus participadas.
Entre las funciones de esta sociedad estatal presidida por Belén Gualda, procedente del PSOE de Andalucía, destaca la de «fijar la estrategia y supervisar la planificación de las sociedades que controle y en aquellas en cuyo capital participe mayoritariamente de manera directa o indirecta, así como llevar a cabo el seguimiento de su ejecución, velando por el cumplimiento de los objetivos que tengan señalados» (Ley de Creación de la SEPI, artículo 11, apartado b). Vamos, que no vale con poner la pasta de los españoles por encargo del 'boss' y luego llamarse a andanas con la evolución del negocio participado. Eso es lo que preocupa ahora.
La SEPI mantiene posiciones accionariales relevantes de manera directa en más de una veintena de empresas, todas ellas sufragadas con dinero público, y además refuerza su red de control corporativo situando a afines en los consejos de administración.
El porcentaje de participación y control varía de una empresa a otra: un 20% en Redeia –marca de Red Eléctrica–; un 27,9% en Indra; el 10% en Telefónica; el 5% en Enagás; el 4,12% en Airbus; o el 100% en Correos, Tragsa, Navantia, Mercasa o la mismísima RTVE y la Agencia EFE, que todo viene bien para el convento sanchista.
El 'problemilla' que empiezan a olfatear en los cuarteles generales de la SEPI, comandados por Gualda y su vicepresidente Bartolomé Lora, ambos nombrados por el Gobierno por si alguien tenía duda alguna, es doble. De una parte, el profesional: la exigencia de responsabilidades les alcanza de lleno y no parece que la SEPI estuviera muy atenta al menos a la supervisión ni en Redeia ni mucho menos en Tragsa. De otra, el personal: los presidentes y consejeros de las participadas están escondidos tras el burladero estatal y dejan que la escandalera ascienda aguas arriba, hasta llegar a culpar al propio presidente del Gobierno de todo lo negativo que ocurre.
Para más inri, algunos de esos presidentes y vocales llegan a cobrar sueldos estratosféricos comparados con los de la SEPI. Ahí está la jefa de Redeia, que recibe el doble que Gualda cada año (600.000 euros para Corredor) o los casi diez millones de euros de Marc Murtra en Telefónica, donde además el organismo estatal mantiene un vicepresidente propio, Carlos Ocaña, para supuestamente asegurar la buena gobernanza con los dineros públicos.
Belén Gualda ha tocado la campana, como los tacañones del mítico «Un, dos, tres», y ha dicho que esto se ha acabado, que a otro perro con ese hueso y que lo de pasar inadvertido mientras la opinión pública sopapea a la SEPI, a La Moncloa y al mismísimo Pedro Sánchez a cuenta de los desmanes en la gestión se ha terminado.
Gualda, espoleada por lo que apunta a un final de ciclo convulso, no está dispuesta a zamparse el elefante en la soledad de su despacho, y ha provisto de cuchillo y tenedor a los presidentes de todas y cada una de las participadas para que cada cual se aplique en su alícuota parte. El toque de atención de la SEPI no se limita solo a una cumbre de directivos ni a un 'team building' donde acabar brindando por la amistad, sino que supone leerles la cartilla a quienes creían poder vivir a la sombra del paraguas estatal y decir que ahí se las den todas cuando los grandes titulares de cada mañana golpean a otros, incluidos ministros, vicepresidentes y presidente del Gobierno. No olviden que no está Sánchez ahora para bromas y que ya tiene bastante con los casos de su hermano y su esposa como para tener que apechugar con las crisis reputacionales de la vida loca de otros avispados con sueldos astronómicos y blindajes por contrato.
Esto de los blindajes y las subidas de sueldo exprés de los directivos enchufados en las empresas con participación estatal es otro asunto que figura sobre la mesa de la SEPI, por sus futuras implicaciones y responsabilidades legales, pero es también el punto donde el PP de Alberto Núñez-Feijóo ha empezado a poner la atención. Ya era hora. ¿Qué creen que pasaría si llegado el relevo del Gobierno los políticos disfrazados de ejecutivos que se las prometen felices por sus blindajes se encuentran con una norma que les grava el 99,9% del pago, máxime en las compañías que arrojan pérdidas? Denle una vuelta, que en unos días lo mismo les cuento los detalles.
Esta medida será, además, un guiño para las exigencias de Santi Abascal y el electorado que pide mano dura contra los despilfarros y enchufes de la izquierda.
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