La escalada autoritaria de Bukele, el presidente 'cool'

Para Human Rights Watch (HRW), la detención de López ha marcado «un punto de quiebre en la represión del Gobierno de Bukele». La propia activista, que colabora con la ONG Cristosal que monitoriza la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, reclamaba esta semana su inocencia. «Soy una presa política. Me quieren acusar por mis denuncias contra la corrupción de este gobierno. No hay ninguna institución pública que garantice los derechos», gritó al salir de su primera vista judicial, tras ser detenida el pasado 18 de mayo bajo los cargos de enriquecimiento ilícito. El juez dictó prisión provisional para ella.

Las palabras de Bukele, pronunciadas durante el discurso de celebración del primer aniversario de su reelección para un segundo mandato, fueron aplaudidas dentro del Teatro Nacional, donde tuvo lugar el acto, y aclamadas por miles de simpatizantes enardecidos que lo seguían desde el exterior. Lo cierto es que las críticas dentro y fuera de El Salvador apenas han erosionado su popularidad. Según la última encuesta de Cid Gallup, Bukele sigue manteniendo una aprobación extraordinaria, el 85%, aunque algo menor que cuando alcanzó el poder.

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Roberto Valencia

Cumple tres años el régimen de excepción en El Salvador que recorta libertades pero ha hecho casi desaparcer a la MS-13 y al Barrio 18. En La Campanera, donde Christian Poveda rodó 'La vida loca', Bukele obtuvo el 87% de los votos en 2024

Pero los cuestionamientos sobre el perfil autoritario de Bukele no son nuevos, comenzaron cuando el presidente salvadoreño, elegido en 2019, logró el poder absoluto con la victoria de su partido, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021. Inmediatamente después, el nuevo Parlamento oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al titular de la Fiscalía General de la República. Para entonces algunos analistas ya tildaban a Bukele de 'dictador de nuevo cuño'.

En su discurso del pasado domingo –en el que dedicó más de 40 minutos a insultar a defensores de derechos humanos y a periodistas, a los que llamó «carroñeros»–, el mismo presidente salvadoreño reconocía que le había llevado un año destruir las estructuras de los anteriores gobiernos.

A pesar de sus medidas draconianas y la violación del debido proceso de miles de salvadoreños, los resultados de su lucha contra la violencia en El Salvador –hace una década era uno de los países más peligrosos del mundo–, sus métodos fueron vistos por muchos como un mal menor por un objetivo mayor. «Dicen que hemos encarcelado a miles, pero en realidad hemos liberado a millones», aseveró Bukele en un discurso en la ONU. Una afirmación compartida, entre otros, por el presidente Donald Trump, como él mismo reconoció en su reunión con el presidente salvadoreño en el Despacho Oval el pasado mes de abril. Los métodos de Bukele, y sobre todo sus resultados, encandilaron a líderes de todo el continente americano –desde Estados Unidos a Argentina–.

El instrumento utilizado por el líder salvadoreño para lograr esos resultados fue el establecimiento del régimen de excepción en todo el país en marzo de 2022, declarado tras el asesinato de 87 personas durante un fin de semana. Esa matanza marcó un punto de inflexión en la relación de Bukele con las pandillas, y el comienzo de una guerra contra ellas. La medida, todavía vigente, ha llevado a prisión a más de 85.000 personas –miles de ellas sin vínculos con las pandillas–. Durante estos años, ONG y medios de comunicación han denunciado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y cientos de muertes bajo custodia –la última cifra asciende a 415–. Para Bukele, estas organizaciones y periodistas forman parte de una conspiración «globalista» contra él y su país. «Términos como transparencia, derechos humanos y Estado de derecho» son utilizados, dijo en su discurso del domingo, «para mantenernos sometidos».

De su rechazo visceral a quienes le cuestionan emana una de las últimas decisiones de su Gobierno: la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros (muy similar a la implementada por Rusia y más dura incluso que la de Nicaragua) para acallar a defensores de derechos humanos y al periodismo independiente.

A pesar de las críticas, los resultados obtenidos por Bukele lo han encumbrado, y varios países han llamado a su puerta para pedirle asesoramiento y ayuda. Uno de ellos ha sido Estados Unidos, donde su presidente, Donald Trump, ha encontrado en Bukele un aliado útil para llevar a cabo sus deportaciones masivas. Ambos mandatarios firmaron esta primavera un acuerdo por el que Washington enviaba cientos de venezolanos – todos ellos presuntamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua– a la megacárcel construida por Bukele para encerrar a pandilleros: el temido Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot).

Ese acuerdo, que no sólo era económico, y su paso por el Despacho Oval consolidaron la imagen y la gestión del presidente salvadoreño, cuestionada anteriormente por la Administración Biden, que ni siquiera quiso recibirle durante una visita a Washington y que incluyó en su lista de sancionados a dos personas cercanas a Bukele: Osiris Luna, responsable de Instituciones Penitenciarias en El Salvador; y Carlos Marroquín, que actualmente está al frente del Departamento de Reconstrucción de Tejido Social del Gobierno de Bukele. El motivo: haber participado en un pacto con líderes de pandillas y por actos de corrupción.

Hay quienes consideran que la reciente escalada de autoritarismo del presidente salvadoreño es consecuencia de la impunidad de sus actos y del apoyo recibido del presidente Trump. «Desde su llegada a la Casa Blanca Bukele siente que tiene mayor cintura para hacer lo que realmente le dé la gana en la medida que se ha granjeado la simpatía de Trump a través de los servicios carcelarios», explica a ABC en conversación telefónica Carlos Martínez, periodista del medio de investigación salvadoreño 'El faro'. Una impunidad que podrá mantener, «sin restricciones», mientras continúe esa Administración en el poder en Estados Unidos

Sin embargo, una información publicada por 'El faro' podría complicar el idilio entre Bukele y Trump. El pasado 1 de mayo, el medio digital, que lleva años denunciando las negociaciones de Bukele con las pandillas, por lo que ha sido perseguido por el Gobierno y se ha visto obligado a trasladar su sede a Costa Rica, colgó una entrevista con dos líderes de la mara Barrio 18 Revolucionarios. A lo largo de casi dos horas, ambos, a preguntas de los periodistas Carlos y Óscar Martínez, detallan cuándo comenzaron a colaborar con el hoy presidente, por qué y qué recibieron a cambio.

Si bien 'El faro' ya había publicado grabaciones, imágenes y documentos que confirmaban esta colaboración, ahora iba un paso más allá con los testimonios de dos de las personas que participaron en las negociaciones y mantuvieron constantes contactos con quien ejercía de enlace con Bukele, el sancionado por EE.UU. Carlos Marroquín.

Las revelaciones de estas entrevistas, de las que se han hecho eco medios de todo el mundo, habrían arreciado la represión en El Salvador:

«Entramos en una fase en la que ya no es necesario utilizar palabras como democracia y Estado de derecho. Una fase que se ha repetido históricamente en otros países de la región: caudillos, hombres fuertes, que llegaron al poder con el aplauso de su pueblo, y que cuando este comienza a disminuir, y ya tienen el control completo del Estado, consideran prescindible ese amor. Eso pasó en Venezuela, en el Perú de Fujimori, en la Nicaragua de Daniel Ortega… Y es lo que está pasando ahora en El Salvador», subraya Carlos Martínez desde un lugar que no ha querido precisar, pues días antes de publicar la exclusiva salió del país: «Hice la maleta para una semana, y ya llevo un mes fuera».

La Asamblea Legislativa aprobó en 2022 una ley que castigaba con hasta 15 años de cárcel a aquellos medios y periodistas que reprodujeran o transmitieran «mensajes o comunicados originados o presuntamente originados» por pandillas. Todo el equipo de 'El Faro' que publicó las entrevistas a los dos pandilleros se encuentra actualmente fuera de El Salvador tras ser advertido de que la Fiscalía iba a cursar órdenes de detención contra ellos.

Según Carlos Martínez, Bukele ha construido su poder «sobre una muy cuidada imagen pública, sobre un mecanismo de propaganda y publicidad engrasado económicamente, en la que se presenta como una persona con una receta mágica para salvarnos». Si bien reconoce que el presidente ha conseguido desarticular las pandillas, «lo hizo a costa de quitarnos todo lo demás. Desmontó el sistema de pesos y contrapesos, y ahora no hay quien nos proteja de él, de sus caprichos y de sus embestidas arbitrarias contra todo el que le contradice».

Esa imagen, construida con inteligencia y mucho dinero, es la que ahora se ha visto golpeada por las revelaciones de Carlos Cartagena, alias 'Charli', líder de Barrio 18 Revolucionarios, que señala que las negociaciones, en las que participaron tanto la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones de Barrio 18, se retrotraen a 2014, cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entonces partido en el poder, quería colocar a su candidato, Salvador Sánchez Cerén, como presidente; y a Nayib Bukele, como alcalde de San Salvador.

Los líderes debían exigir el voto para ellos en sus territorios. Como pago, además de mejorar las condiciones de los pandilleros en prisión, se les habría abonado un cuarto de millón de dólares. El acuerdo funcionó, y Bukele vio en esta estrategia la manera de alcanzar la presidencia, según relata Charli. «Nosotros lo sabíamos antes que su propio partido», explica durante la entrevista con 'El faro'. Rota la tregua con Cerén, Bukele, expulsado por el FMLN lo que le llevó a crear Nuevas Ideas, se presentó como el gran salvador que podía mejorar la situación de las maras. Y éstas le apoyaron. El principal enlace fue Carlos Marroquín, de quien 'El faro' ha desvelado algunas grabaciones comprometedoras.

Ya en el poder, las cifras de asesinatos bajaron, era parte de la negociación, y la popularidad de Bukele subió. El presidente –conocido entre los pandilleros con el apodo de 'Batman'– también les pediría a los líderes pandilleros, según Charli, ayuda para controlar a la gente de sus colonias durante la pandemia del Covid-19.

Todo parecía ir bien hasta que un fin de semana de marzo de 2022 fueron asesinadas 87 personas. «La MS-13 consideró que el Gobierno de Bukele había roto el acuerdo, y ejerció presión como suele hacer, con cadáveres», relata Carlos Martínez. «En ese momento, Bukele ya no necesitaba ese acuerdo con las pandillas, que le había servido para construir electoralmente su figura, y para granjearse la simpatía del pueblo debido a la súbita reducción de asesinatos».

En parte, gracias al acompañamiento de estas estructuras criminales, el presidente para entonces ya lo poseía absolutamente todo. «Los tres órganos del Estado, la lealtad de la Policía y el Ejército, el Tribunal Constitucional, el de Transparencia, el Tribunal de Cuentas… Poseía el Estado entero. De manera que ese acuerdo con las pandillas era un lastre», señala.

Pero Bukele consiguió capitalizar un poco más su relación con las pandillas, en opinión del periodista salvadoreño, pues logró lo que le faltaba: «La posibilidad de retirarnos a todos los derechos constitucionales. Con la excusa de aquella masacre llevamos más de tres años sin ellos. Ha convertido a los policías y al Ejército en los 'jueces de la calle'. Esa fue su oportunidad de mandar al congelador la Constitución y los derechos civiles», sentencia el periodista, que es miembro fundador, junto con Óscar Martínez, de la sección Sala Negra, en 'El Faro', especializada en la cobertura del fenómeno de la violencia en toda Centroamérica.

Entre las prerrogativas que consiguieron algunos de los líderes de las maras que negociaron con Bukele estaba su liberación, algo que se produjo mientras se arrestaba de manera masiva a pandilleros de bajo nivel pero también a ciudadanos inocentes. Charli, con numerosos delitos en su haber, fue uno de los agraciados con la medida. Él mismo relata cómo le quitaron las esposas tras recibirse una llamada donde lo tenían retenido. Solo habían pasado tres horas de su detención. En el caso de Lori, el otro pandillero entrevistado, que prefirió no mostrar su rostro, no solo no fue detenido sino que incluso fue trasladado por el propio Marroquín a la frontera con Guatemala.

«Las negociaciones que tenían con las pandillas eran aplacar la calle, y en respuesta les eran concedidas algunas cosas», afirma Martínez. Entre estas concesiones se encuentran incluso estas liberaciones extrajudiciales, que incluyeron también la de uno de los líderes de la MS-13 más buscados, Elmer Canales Rivera, alias 'Crook', quien posteriormente fue detenido en México por el FBI. Según Martínez, Bukele llegó a ofrecer un millón de dólares al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su captura.

Esas liberaciones se pueden volver ahora contra el presidente salvadoreño. «A través de la Fiscalía de Trump, Bukele está tratando que se desestimen las acusaciones en contra de Crook, y que se lo envíen de manera que cuando comience el juicio contra la MS-13 (considerado por EE.UU. un grupo narcoterrorista) no tenga testigos que hablen de los acuerdos entre las pandillas y el gobierno. Bukele quiere conseguir impunidad a través de la pleitesía que le rinde a Trump», sostiene Martínez.

Estas liberaciones de cabecillas de pandillas, en espera de juicio en EE.UU., formarían parte del acuerdo de deportaciones de venezolanos a la cárcel del Cecot en El Salvador, según desveló la CNN. El medio estadounidense tuvo acceso a varios correos electrónicos entre el hermano de Bukele, Ibrahim, y Michael Needham, consejero y jefe de gabinete del Secretario de Estado, Marco Rubio. En ellos se señala que tras ser devueltos nueve pandilleros –que serían incluidos en los vuelos a El Salvador– se le reduciría el coste (alrededor de 20.000 dólares al año) por deportado ingresado en el Cecot un 50%. «Ofrecen literalmente dos por uno en venezolanos a cambio de la liberación de los líderes de la MS-13 que van formar parte de un juicio en el que la familia Bukele teme que aparezca su nombre», argumenta Martínez.

El pasado mes de abril se confirmó la inclusión en uno de los vuelos de deportados de César Humberto López Larios, alias 'Greñas de Stoners'. Detenido en El Salvador en 2017 por múltiples delitos, fue liberado en 2020 por el Gobierno de Bukele. Perseguido por la Justicia de EE.UU., cuatro años después fue arrestado en México. Estaba previsto que Greñas declarará en una corte estadounidense el pasado 11 de marzo, pero la fiscalía solicitó sobreseer los cargos en su contra por «razones geopolíticas y de seguridad nacional», según un documento al que tuvo acceso 'El faro'.

A raíz de esto, otros pandilleros, en espera de juicio en EE.UU., han decidido declararse culpables para adelantar el proceso, y no tener que volver a El Salvador, según denunció el medio especializado en crimen organizado Insight Crimen.

¿Qué pasará cuando lleguen a El Salvador todos esos líderes? «No lo sabemos. A día de hoy no sabemos dónde están recluidos los líderes de la MS-13 ni Barrio 18 en El Salvador. Hemos visto miles de imágenes de pandilleros en el Cecot, pero no hemos visto dónde están esos grandes líderes». Lo que sí tiene claro Carlos Martínez es el deseo de Bukele de «desvanecer sus nexos con la MS-13».