Inmigración, bilingüismo y pacto verde: las claves del acuerdo en Baleares

El acuerdo establece un rechazo explícito a acoger nuevos menores migrantes de otras comunidades y limita el acceso a ayudas sociales a quienes no acrediten al menos tres años de residencia legal. También se eliminarán subvenciones a ONGs que se consideren vinculadas al tráfico de personas o al islamismo radical. También se contemplan planes para detectar empadronamientos irregulares y «pisos patera», y se rechaza el desarrollo del programa de enseñanza de lengua árabe en los colegios públicos de Baleares.

Además, se revisarán los proyectos de cooperación en terceros países y se suprimirán las ayudas a las naciones que no colaboren en el retorno de inmigrantes irregulares. Asimismo, se colaborará con los consells insulares, competentes en la materia de menores, en la elaboración de planes de retorno de los menores migrantes a sus países de origen.

En política de vivienda, se fijará como requisito la residencia mínima de cinco años en las islas para optar a ayudas. Se incluyen medidas de apoyo a pequeños propietarios afectados por la ocupación, sanciones a los okupas y la creación de una Oficina Antiokupación. El acuerdo también contempla simplificar los trámites para legalizar viviendas y fomentar la construcción de nuevas.

Este punto ya estaba en el acuerdo inicial de legislatura de ambos partido, pero cuando estaba a punto de cumplirse en sede parlamentaria, Vox rompió con el PP y los populares decidieron pactar con la izquierda mantener la ley para salvar la Ley de Simplificación Administrativa después de que un error en el voto aprobase decenas de enmiendas del partido de Abascal.

Uno de los puntos más relevantes del pacto es la reforma del modelo lingüístico en la educación. Se prevé modificar la ley autonómica para asegurar la vehicularidad del castellano y el catalán. Además, ambas formaciones acuerdan intentar extender el plan piloto de libre elección de lengua. También se flexibilizarán los requisitos de catalán en titulaciones y oposiciones docentes, especialmente en plazas de difícil cobertura. También se impulsará desde el proceso de matrícula la libre elección de lengua instaurada desde el presente curso. Finalmente, se rebaja la necesaria al finalizar ESO y bachillerato para obtener los títulos B2 y C1 de catalán, respectivamente, tal y como ya se hace en otras comunidades bilingües como Cataluña.

El acuerdo incluye medidas para garantizar que todos los trámites, formularios y comunicaciones de la administración pública estén disponibles en ambas lenguas oficiales. Se revisarán los requisitos lingüísticos en bolsas de empleo público para evitar que el catalán sea un obstáculo en puestos sin atención directa al ciudadano. También se amplía de dos a cuatro años el plazo para que los empleados públicos estabilizados sin la titulación de catalán puedan obtenerla sin perder su plaza.

Se dotará de un fondo de maniobra que compense los efectos del Pacto Verde de la Unión Europea en el sector primario, se impulsarán medidas fiscales para fomentar el relevo generacional en el campo y se aumentará el apoyo al producto local.

En materia presupuestaria, el PP se compromete a mantener medidas fiscales ya introducidas mediante enmiendas de Vox en 2024, como la supresión de subvenciones directas a sindicatos y patronales. Además, se recortarán partidas vinculadas a políticas «ideológicas» y se auditarán organismos públicos para evitar duplicidades y gastos innecesarios. También se redefinirán los fondos destinados a la promoción del catalán, enfocándolos en la formación y la cultura local.