Portazo de las CC.AA. del PP a la quita de deuda en vísperas de la cumbre de presidentes: «Es un pago a apoyos políticos»

Pedro Sánchez llegará a la Conferencia de Presidentes de este viernes con el rechazo en bloque de las comunidades autónomas del PP no solo a la fórmula de condonación de la deuda autonómica planteada por el Gobierno sino también al planteamiento mismo de la quita. Y no porque no haya gobiernos como el de la Comunidad Valenciana o el de la Región de Murcia, que junto a Andalucía y Castilla-La Mancha completan el listado de autonomías más perjudicadas por el actual sistema, que consideran necesario dar una solución a la actual situación de sobreendeudamiento en la que viven y que imputan a las disfunciones del actual sistema de financiación.

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Pero también consideran que la solución planteada por el Gobierno no es más que «un parche», que no resuelve el problema crónico de infrafinanciación que sufren; es arbitraria, por cuanto no responde a criterios de reparto objetivos; es desigual, porque beneficia de forma discrecional a determinadas comunidades autónomas, por Cataluña, en perjuicio de otras con una situación financiera más delicada; e ineficaz, por cuanto no permite cumplir el objetivo principal que la justifica, que las comunidades autónomas de régimen común puedan volver a financiarse por su cuenta en los mercados.

«Es una quita diseñada sobre criterios arbitrarios, que conducen a resultados dispares e injustos, con una estructura de reparto que parece orientada a alcanzar de antemano un determinado resultado político«, lamenta el informe de ocho páginas elaborado por la Generalitat Valenciana, en la que califica la condonación diseñada por el Gobierno como »insuficiente, desigual e ineficaz«.

La Generalitat Valenciana sí incluye un capítulo en sus alegaciones de lo que debería hacerse para resolver el problema de financiación de las comunidades autónomas, que básicamente parte de reformar el actual sistema; otras autonomías como Andalucía, según se han encargado de difundir, básicamente han pedido la retirada de la propuesta, ya que consideran que se ha planteado con el único objetivo «de sostener una mayoría parlamentaria». Así lo subraya también la Junta de Castilla y León que considera que la quita planteada «es una medida cortoplacista que busca el pago a apoyos políticos«. La Comunidad de Madrid ni siquiera ha presentado alegaciones a una quita que ha criticado desde el momento mismo en que se anunció.

El análisis de las alegaciones presentadas por media docena de autonomías del PP que han participado en la consulta revela que las objeciones van mucho más allá del criterio de reparto utilizado o del origen radicalmente político que se imputa a una medida que se comprometió con ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Los servicios jurídicos de los gobiernos de las comunidades autónomas del PP concluyen que tal y como está planteada la condonación de deuda propuesta por el Gobierno presenta serias dudas sobre su legalidad. Entienden que conculca el principio de igualdad consagrado por la Constitución, ya que favorece a unas comunidades autónomas frente a otras sin ningún criterio objetivo o razonable que favorezca la redistribución entre territorios; que contraviene los principios de equidad, corresponsabilidad y autonomía financiera que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; y también el principio de responsabilidad normativa que exige la Comisión Europea.

Las alegaciones de los gobiernos autonómicos del PP para rechazar la propuesta enfatizan también que la propuesta del Gobierno amenaza con alterar la posición financiera de partida de las autonomías, al reconocer una quita mayor a unas frente a otras; que penaliza la prudencia en la gestión, al tomar como referencia la acumulación bruta de deuda, de modo que perjudica a las que contuvieron el gasto para no tener un desequilibrio excesivo con sus ingresos, con el consiguiente riesgo moral, que por cierto ya han puesto de manifiesto algunas agencias de rating; y que tiene sesgos ideológicos claros, al premiar la acumulación de gastos y castigar la adopción de medidas de rebaja fiscal.